El retraso en el pago de las subvenciones aboca a las asociaciones a pedir créditos que no reciben fácilmente. El presidente del Cermi asegura que algunos no pueden pagar las nóminas de los trabajadores ni "echar gasoil"

La atención a la discapacidad no se sostiene con el modelo actual. A los efectos indirectos de la crisis se suma este año el retraso en la convocatoria de subvenciones públicas que no llegarán a los colectivos que atienden a la discapacidad al menos hasta julio. Esto significa que actualmente hay nóminas de trabajadores sin pagar, depósitos de gasoil vacíos y escasez de otros recursos porque muchos proveedores se niegan a prestar servicios ante la ausencia del dinero. En resumen, una falta de liquidez que está llevando a una situación "asfixiante" y "tremendamente difícil" a algunas entidades que tienen menos recursos.

Así lo puso de manifiesto el martes el presidente de la Confederación Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI), Luis María González, en la Asamblea de Extremadura con el objetivo de lograr el respaldo de la clase política y buscar soluciones urgentes a los problemas de un colectivo que está formado por más de 120.000 extremeños.

 

SUBVENCIONES PUBLICAS Las ayudas públicas llegan a estos colectivos a través de dos vías: mediante los conciertos que la Junta mantiene con aquellas entidades que se ajustan a los requisitos exigidos y que se abonan mensualmente "con algún retraso"; mientras otras ayudas se conceden de forma puntual a muchos colectivos para el desarrollo de acciones puntuales, puesto que no tienen una actividad concertada, y es ahí donde están los principales problemas. "Normalmente la orden de ayudas sale en enero y para mayo ya está la primera parte del dinero necesario, pero este año la orden acaba de salir en abril y los fondos no llegarán hasta junio o julio", explica González, que reconoce que el pago siempre llega tarde pero en esta ocasión es peor.

 

Ante esta tesitura, las asociaciones, para poder seguir prestando los servicios destinados a los discapacitados, principalmente terapias de diversos tipos, se ven abocadas a solicitar préstamos bancarios a los que no están teniendo fácil acceso. Por ello, el presidente de CERMI insta a los políticos a tomar cartas en el asunto y ejercer presión sobre las entidades financieras para que abran el grifo a las asociaciones que lo necesiten sin establecer cláusulas abusivas, a lo que llamamos "un interés social".

 

Además de esta petición, que cuenta con el respaldo de la Asamblea, González reclama la revisión y reforma del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Madex) , que es la ley que regula la prestación de los servicios a los discapacitados y que actualmente no contempla el coste real de los servicios que se están realizando. "No se contemplas el incremento del coste de la vida, ni subidas salariales de los trabajadores, ni de los gastos básicos como la luz o el agua. Así estamos abocados a generar déficit". Además, González insiste en la necesidad de alcanzar entre todos los grupos un pacto por un modelo sostenible de atención a la discapacidad, "porque el actual resulta insostenible". "Los grupos se han comprometido a poner sobre la mesa estas demandas y confiamos en que la solución sea urgente".

 

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