• “Nada ni nadie sobra en el ámbito educativo”: CERMI no quiere cerrar nada, ni desmantelar ni liquidar ninguna estructura educativa que aporte o haya aportado valor a la educación de las personas con discapacidad.
• CERMI alienta un proceso evolutivo y transformador, sensato, ordenado y progresivo, producto del diálogo y el acuerdo de toda la comunidad educativa, para lograr la inclusión.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) solicitó hoy un gran pacto político y social para que, junto al tejido asociativo, se logre un gran acuerdo para la inclusión educativa real de las personas con discapacidad que establezca las bases, dote de orientaciones y pautas, fije los criterios y proporcione los recursos para transitar hacia la inclusión. Nadie ni nada sobra en el ámbito educativo. El CERMI no quiere cerrar nada ni desmantelar o liquidar estructuras educativas que aporten o hayan aportado valor a la educación de las personas con discapacidad.
La plataforma representativa de la discapacidad en España, que engloba más de 8.000 asociaciones, realiza este llamamiento en coincidencia con el segundo examen al que el Estado español se somete este lunes y martes en Ginebra por parte de Naciones Unidas, donde se evaluará el grado de aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos mandatos tienden hacia la inclusión efectiva, con apoyos, en todos los ámbitos, también en el de la educación.
El CERMI propone un diálogo con toda la comunidad educativa, liderado por las Administraciones, verdaderas responsables de esta tarea, para que todas las estructuras de la enseñanza tiendan y alcancen la inclusión y tengan al alumno con discapacidad en el centro del sistema, garantizando los apoyos individualizados que aseguren una educación de calidad que sea la base de su desarrollo humano y su plena participación social. CERMI alienta un proceso evolutivo y transformador, sensato, ordenado y progresivo, producto del diálogo y el acuerdo de toda la comunidad educativa, para lograr la inclusión.
La enseñanza de las personas con discapacidad ha sido la gran olvidada de las políticas públicas de educación en las últimas décadas. Ha faltado modelo e inversiones para pilotar el proceso de transformación y convergencia que se requiere por parte de las distintas administraciones educativas. Las familias han de poder elegir la educación de sus hijos menores ya que, en España, solo las familias de escolares con discapacidad NO pueden elegir modalidad educativa. Todavía se siguen dando situaciones en las que la familia de una persona con discapacidad no puede elegir modalidad de enseñanza, haciéndolo por ellas las administraciones. O bien se ven abocados a situaciones financieras insostenibles. Solo si la educación de las personas con discapacidad pasa a primer plano de las políticas educativas se podrá salir del bloqueo actual.
Por ello, el CERMI apela a todos los partidos políticos –al hilo del presente debate electoral- , para promover, debatir y alcanzar un gran acuerdo o pacto en materia de educación de las personas con discapacidad. El derecho a la educación inclusiva es uno de los preceptos que recoge la Convención de la ONU, siempre con el alumnado con discapacidad como objetivo, garantizando los apoyos individualizados que aseguren una educación de calidad que sea la base de su desarrollo humano y su plena participación social.
En suma, el CERMI como expresión de la sociedad civil organizada de la discapacidad lanza una apelación al diálogo entre todos los grupos de interés para garantizar el derecho a la educación inclusiva, buscando el máximo consenso y sin dejar a nadie atrás, contando siempre con todos los apoyos necesarios en cada caso.
La inclusión educativa es un camino, un horizonte al que necesariamente se tiene que tender, que debe ser recorrido cooperativamente por toda la comunidad educativa. Todo construye y todo es valioso en este proceso, nada sobra en este esfuerzo colectivo que durará años y que requiere del concurso y muy especialmente del talento, la inteligencia, la voluntad y la creatividad de todos los operadores del sistema educativo.
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado que siga existiendo la brecha salarial por razón de género, una realidad que también se da entre las personas con discapacidad, ya que dentro de este grupo social, las mujeres cobran un salario un 14% inferior al que reciben los hombres con discapacidad.
CERMI Mujeres pone de relieve esta situación coincidiendo con la celebración este viernes del Día Europeo de la Igualdad Salarial de Hombres y Mujeres, haciendo alusión a los datos publicados por el estudio ODISMET 2018, que refleja que el salario medio bruto anual de mujeres con discapacidad es de 17.365 euros, frente al de los hombres con discapacidad, que es de 20.614 euros, 3.249 euros más.
En líneas generales, las tasas de actividad, empleo y desempleo son ligeramente peores en las mujeres que en los hombres con discapacidad y sensiblemente peores las condiciones laborales.
De esta forma, la brecha salarial también se produce entre las personas con discapacidad, como sucede en la población en general, sin tener en cuenta la variable de discapacidad, donde las mujeres reciben una remuneración un 22% inferior a la de los hombres.
DISCRIMINACIÓN INTERSECCIONAL
En relación con las mujeres con discapacidad, la FCM destaca que desde el punto de vista de la interseccionalidad, la discriminación salarial de género tiene mayor impacto que la discapacidad en sí misma, lo que obviamente conduce a que las mujeres con discapacidad reciban las menores retribuciones.
CERMI Mujeres denuncia la mayor precariedad en el tipo de contrato, dado que la temporalidad y la jornada parcial son características que también se dan con mayor frecuencia en las mujeres con discapacidad. Asimismo, la contratación es menor en el caso de ellas.
En cuanto a la segregación ocupacional horizontal, el sector servicios sigue conformándose como el primer generador de empleo, si bien es cierto, que para el caso de las personas con discapacidad este sector tiene aún más peso. Es el único en el que la presencia de las mujeres, si bien inferior, está más equilibrada respecto a la de los hombres (ellas representan el 43% de las personas con discapacidad en el sector).
El 64,8% de mujeres con discapacidad están consideradas inactivas económicamente, aunque sean ellas las que sigan haciéndose cargo de los cuidados informales. Según los últimos datos publicados por el INE (2016) las mujeres con discapacidad tuvieron la misma tasa de actividad que los hombres (35,2%), a diferencia de lo que ocurrió en la población sin discapacidad, donde los hombres tuvieron mayor presencia activa que las mujeres (83,9% frente a 72,1%). Sin embargo, la tasa de empleo de los hombres con discapacidad superó en 0,4 puntos a la de las mujeres (25,3% frente a 24,9%). Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad (29,3%) fue superior a la de los hombres (28,1%). Para las mujeres sin discapacidad también fue mayor (21,38%) frente al 17,9% de los hombres, según el INE 2016.
El 56 por ciento de las personas ponentes que han participado en actos y eventos públicos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) durante el año 2018, han sido mujeres, con lo que la presencia femenina ha sido mayoritaria en las actividades de estas entidades representativas de la discapacidad.
En 2018, participaron como ponentes o intervinientes en actos públicos del CERMI y de FCM 229 personas en total, de las que 148 eran mujeres y 115 varones. Atendiendo a la situación de discapacidad, 63 fueron mujeres con discapacidad y 43, hombres en esta situación.
El movimiento CERMI lleva el registro de la presencia de mujeres en actos públicos como consecuencia de su adhesión a la iniciativa del Parlamento Europeo “¿Dónde están ellas?”, una estrategia para promover la igualdad de género entre los oradores que participen en todos los eventos y debates organizados por instituciones y entidades.
El CERMI y la FCM se sumaron a esta estrategia como expresión de su compromiso de que también en el sector de la discapacidad se estimulara la participación de mujeres expertas en los debates y se llevaran a cabo auditorías de todas las actividades de comunicación para, al cabo del año, dar cuenta de la tasa de participación de mujeres alcanzada.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra que la Oficina del Censo Electoral, a indicación de la Junta Electoral Central, haya incluido en el censo electoral a todas las personas con discapacidad que estaban privadas del derecho de sufragio en virtud de resolución judicial en el marco de un procedimiento de incapacitación.
Esta alta en el censo electoral actualizado permitirá que casi 100.000 personas con discapacidad, que ahora carecían de este derecho, puedan votar en las próximas elecciones europeas, autonómicas y locales del mes de mayo, y en los demás comicios que se celebren en el futuro.
Se da efectividad así al mandato de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, que establecía que a “las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley”.
Con esta reforma legal, que comienza a desplegar efectos prácticos, no solo no será posible en adelante privar del derecho de sufragio a ninguna persona por motivos asociados a discapacidad, sino que aquellas que lo tenían cancelado, unas 100.000 en toda España, lo recuperan de modo automático, sin ningún tipo de actividad o gestión por su parte.
La decisión de la Junta Electoral Central responde a este mandato legal, que la Oficina del Censo Electoral ha materializado operativamente.
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