El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra que la Oficina del Censo Electoral, a indicación de la Junta Electoral Central, haya incluido en el censo electoral a todas las personas con discapacidad que estaban privadas del derecho de sufragio en virtud de resolución judicial en el marco de un procedimiento de incapacitación.

Esta alta en el censo electoral actualizado permitirá que casi 100.000 personas con discapacidad, que ahora carecían de este derecho, puedan votar en las próximas elecciones europeas, autonómicas y locales del mes de mayo, y en los demás comicios que se celebren en el futuro.

Se da efectividad así al mandato de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, que establecía que a “las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley”.

Con esta reforma legal, que comienza a desplegar efectos prácticos, no solo no será posible en adelante privar del derecho de sufragio a ninguna persona por motivos asociados a discapacidad, sino que aquellas que lo tenían cancelado, unas 100.000 en toda España, lo recuperan de modo automático, sin ningún tipo de actividad o gestión por su parte.

La decisión de la Junta Electoral Central responde a este mandato legal, que la Oficina del Censo Electoral ha materializado operativamente.

 

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado, mayoritario en esa Cámara, ha registrado una Proposición de Ley de reforma de la vigente Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para regular por vez primera en España la accesibilidad cognitiva, una dimensión de la accesibilidad universal sin ordenación legal en nuestro país.

La iniciativa impulsada por el GPP se hace eco de una demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que presentó a todos los grupos parlamentarios de Senado una propuesta articulada de modificación legal con objeto de otorgar estatuto normativo a la accesibilidad cognitiva.

Tras su registro y presentación en la Cámara Alta, en próximas fechas el Pleno del Senado tendrá que debatir su toma en consideración, que no tendrá dificultades al disponer el GPP de mayoría absoluta. Si es admitida, se remitirá al Congreso para que sea tramitada como proposición de Ley, siguiendo el procedimiento habitual de las iniciativas legislativas.

La regulación legal de la accesibilidad cognitiva es una de las grandes cuestiones en la agenda política del movimiento social de la discapacidad, que espera que con esta reforma, una vez aprobada, comience a verse materializada.

 

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha comunicado este jueves a asociaciones de pacientes y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que la Orden que regula la prestación ortoprotésica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) se publicará en el BOE este mismo viernes.
La norma entrará en vigor el 1 de julio. Las comunidades autónomas, Ingesa (Ceuta y Melilla) y mutualidades de funcionarios tendrán seis meses para adaptar sus catálogos a lo dispuesto en la orden y adecuarse a la actualización de la cartera de servicios comunes del SNS.
Con esta Orden se proporciona una prestación ortoprotésica equitativa porque  establece un catálogo común de sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales para todo el SNS, mejorada y más actualizada. Incluye 48 nuevos tipos de productos (varios tipos de sillas de ruedas, chasis, férulas, corsés, andadores, cojines antiescaras, etc) y se amplian indicaciones de algunos ya existentes (cojines para prevenir úlceras por presión, sillas de ruedas especiales para usuarios activos), cubriendo así necesidades que hasta ahora no lo estaban.
Asimismo, se establece una vida media para cada tipo de producto para dar más garantías al usuario de la calidad del producto.
“Se acaba así con las desigualdades que generaban los distintos catálogos de las comunidades autónomas”, ha destacado la ministra María Luisa Carcedo. “Con esta norma el contenido de la prestación será homogéneo en todo el territorio español”.
Además, se adecúan los importes máximos de financiación a la realidad del mercado, para que puedan financiarse totalmente los productos ortoprotésicos incluidos en el catálogo sin que los usuarios tengan que abonar cantidades adicionales como ocurría en muchas ocasiones hasta ahora.
La Orden contempla la posibilidad de que el usuario no tenga que adelantar el importe de los productos cuando se trate de personas con escasos recursos económicos o de productos de elevado importe, siendo competencia de las CC.AA. la definición del procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica.
Por otra parte, se incrementa la participación ciudadana en el proceso ya que se incluye en el Comité asesor para la prestación ortoprotésica del SNS, donde están representadas las Comunidades Autónomas, INGESA y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, un experto a propuesta del Consejo Nacional de la Discapacidad, que podrá vehicular las solicitudes e inquietudes de los usuarios.
En relación a la regulación de la prestación, se establecen más garantías de calidad y eficiencia al establecerse requisitos para los productos, para la prescripción, para la dispensación y para los establecimientos. Además se regula un procedimiento de inclusión y actualización de los productos en la Oferta, que será telemático, y se identificarán los productos financiables mediante un código y un precinto identificativo para cada producto que permitirá un mejor control de los productos prescritos y dispensados.
La ministra María Luisa Carcedo ha querido trasladar personalmente el  contenido de la norma a las asociaciones de pacientes (Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Alianza General de Pacientes y Foro Español de Pacientes) y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en agradecimiento a las aportaciones realizadas.
“La actualización continua de esta norma refleja el compromiso del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la equidad, la cohesión social y la mejora de las prestaciones de la cartera de servicios del SNS”, ha manifestado Carcedo.
La prestación ortoprotésica tiene una gran importancia desde el punto de vista sanitario, social y laboral porque cubre las necesidades de personas con discapacidad o que requieren una recuperación funcional.

 

La Fundación Cermi Mujeres (FCM) pone en marcha la III edición de su Aula de Formación en Derechos Humanos y Discapacidad desde un Enfoque de Género. La formación se articulará en tres sesiones que se celebrarán mañana, el 15 de febrero y el 1 de marzo en horario de 10.00 a 13.00 horas en la sede de la FCM de Madrid.
El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es crear un espacio de conocimiento, reflexión, crítica y propuesta en el que se aborden las principales reivindicaciones de las mujeres con discapacidad.
La formación es gratuita y en ella se abordarán las principales reivindicaciones de este grupo social desde un enfoque de género, tomando como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Desde el año 2017 la Fundación Cermi Mujeres viene desarrollando esta actividad formativa dirigida a los cuadros directivos y técnicos de organizaciones dedicadas a la discapacidad, a miembros de organizaciones de derechos humanos, así como a responsables políticos y técnicos de organismos públicos involucrados en este tema.
En 2019, el Aula centrará sus sesiones en los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad, a partir de una visita guiada de la exposición fotográfica ‘El derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad’.
Seguidamente se impartirá un ciclo formativo en el que se analizará el encaje de las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad en este ámbito con los principales tratados internacionales de derechos humanos y con la legislación española vigente.

 
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