El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda los avances fiscales contenidos en la Ley Orgánica 2/2022, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Las mejores tributarias introducidas por esta nueva legislación se refieren en concreto al Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Respecto del primero, se procede a modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de este tributo, para introducir un nuevo supuesto de no sujeción consistente en que no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones a título lucrativo realizadas en beneficio de hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela, o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevara a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, y que traigan causa del referido fallecimiento.
En cuanto al segundo Impuesto, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se modifica el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para recoger un nuevo beneficio fiscal de naturaleza objetiva, consistente en eximir de las modalidades de gravamen (transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados), a las transmisiones de bienes o derechos en beneficio de hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevara a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, cualquiera que sea el título en virtud del cual se efectúen, y siempre que sirvan para satisfacer indemnizaciones que hayan sido reconocidas judicialmente.
El CERMI, como expresión de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad, reconoce estas mejoras fiscales en el ámbito de la protección contra la violencia de género que alcanzan a determinadas personas con discapacidad.
23.03.2022
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado esta semana su memoria de Responsabilidad Social, correspondiente al año 2021, en la que aboga con firmeza por la defensa de los valores de la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad en las organizaciones y por convertirse en una entidad de referencia en la innovación social en el ámbito de la discapacidad.
La memoria, registrada en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como departamento responsable de las políticas públicas de Responsabilidad Social Corporativa, refleja el desempeño del CERMI durante el año 2021 en la esfera de la sostenibilidad, plasmando las prácticas sociales, económicas y medioambientales de la plataforma representativa de la discapacidad.
De este modo, las diferentes acciones que se recogen en el documento y que se llevaron a cabo durante el 2021 pretenden contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la mano de su norma de cabecera: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entrecruzando ambos paradigmas.
El CERMI ha elaborado este documento siguiendo las pautas de la Orden Ministerial SS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones públicas (BOE del 1/10/2016).
La memoria describe la labor de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias desde la cohesión y unidad del sector, teniendo presente la ética como valor esencial de la cultura CERMI, la accesibilidad universal como presupuesto necesario para el ejercicio pleno de derechos humanos y la no discriminación interseccional por razón de discapacidad y sexo, así como el empoderamiento de las mujeres con discapacidad.
En la misma, se reflejan también los avances producidos durante 2021 para contribuir, desde la sociedad civil, a la inclusión social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente que marcan los ODS. De esta manera, el CERMI, en su papel como firme defensor de la innovación social en discapacidad en España, y como agente de transformación social, tiene en cuenta la sostenibilidad en su labor en beneficio de las personas con discapacidad y de sus familias. Por último, se detalla el modelo del CERMI como entidad responsable de la gestión de personas, económica y medioambiental.
La Memoria CERMI RSE 2021 está disponible en línea tanto en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social como en la del propio CERMI, consultable por cualquier persona interesada.
21.03.2022
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 -a través del Real Patronato sobre Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)- ha comenzado los trabajos para la elaboración del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad con el propósito de asegurar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y establecer un nuevo marco legislativo y de política pública en el ámbito del empleo para este colectivo.
"La necesidad de este proyecto tiene su justificación en la transformación de la realidad sociolaboral de España en los últimos años, fruto del desarrollo de tendencias como la globalización y la digitalización, pero también de nuevas realidades que han modificado el panorama social y económico", destacó el Real Patronato sobre Discapacidad.
Para los organismos y entidades promotoras del Libro Blanco, "las personas con discapacidad no son ajenas a esta transformación, con unas tendencias y realidades que les afectan más directamente, como son la aparición de nuevas discapacidades, la incorporación de la mujer con discapacidad al empleo de forma normalizada, los cambios sociodemográficos en el colectivo, la prevalencia de personas con grandes necesidades de apoyo o los compromisos adquiridos por nuestro ordenamiento jurídico en materia de derechos en materia internacional".
En este contexto, consideran imprescindible la revisión de los instrumentos y marcos de incorporación de las personas con discapacidad al empleo con los que se cuenta actualmente, y la identificación de otros nuevos que se adapten a la situación y necesidades actuales, en línea con el paradigma de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Carta Social Europea.
En esa línea, el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene entre sus actuales compromisos normativos la reforma de la Ley de Empleo (cuyo texto ya ha pasado en primera lectura por el Consejo de Ministros) y, por otro lado, la reforma de la normativa reguladora de las bonificaciones como incentivos a la contratación.
Asimismo, este Ministerio tiene previsto actualizar su marco normativo, en el contexto de la revisión global de las políticas activas de empleo, considerando la particular relevancia del empleo de las personas con discapacidad. Se trata de un trabajo ya iniciado, cuyos resultados, precisamente, formarán parte del soporte para la elaboración del Libro blanco del empleo y la discapacidad.
Este trabajo estará presidido por la perspectiva de género, precisamente para que las mujeres con discapacidad participen del derecho al trabajo en condiciones de seguridad, igualdad y accesibilidad.
El Libro Blanco se articulará en torno a once capítulos dirigidos por personas expertas de la academia en materias como derecho laboral, seguridad social, sociología, y derechos humanos, entre otras, y estará coordinado por María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.
21.03.2022
El Comité de entidades representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI Valencia) y la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital van a realizar acciones formativas en competencias digitales dirigidas a personas con discapacidad, reduciendo así su brecha digital. La Conselleria, a través de la Dirección General por la Lucha contra la Brecha Digital, ha firmado un convenio con el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) para promover la inclusión digital como factor de inclusión social, aprovechando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para ayudar a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El objetivo es realizar acciones formativas en competencias digitales dirigidas a personas con discapacidad, reduciendo así su brecha digital y, además, realizar cursos específicos en formación en accesibilidad dirigidos a personal técnico de las entidades, personal de apoyo de las personas con discapacidad, así como todo aquel interesado en materia de accesibilidad web a nivel básico, medio o avanzado, para prevenir la brecha digital relacionada con la accesibilidad digital. Las acciones formativas se llevarán a cabo en 2022 y forman parte del programa Ciudadanía Digital puesto en marcha por la DG por la Lucha contra la Brecha Digital en 2021, dando continuidad a esta iniciativa que centrará sus esfuerzos en llevar formación en competencias digitales a municipios en riesgo de despoblación y a personas con discapacidad, al ser espacios y colectivos especialmente afectados, por la brecha digital.
El convenio recoge acciones formativas para personas con discapacidad que, además de su condición, por causa de la evolución de la sociedad digital y al no disponer de las competencias digitales oportunas, se puedan encontrar dentro de la brecha digital que ello genera. La formación está coordinada por el CERMICV y se contará con una amplia colaboración de las entidades de personas con discapacidad que facilitarán la difusión de las actividades formativas. En ese sentido, esta iniciativa se impartirá tanto online como de forma presencial y se realizará en grupos pequeños para poder asegurar el apoyo al alumnado.
Las acciones formativas son totalmente gratuitas. Las acciones formativas que se han planificado para las personas con discapacidad, basadas en el Marco valenciano de competencias digitales (DIGCOMP CV) se basan en dotar de herramientas para crear contenidos, utilizar la tecnología para la comunicación, tramitaciones electrónicas, encontrar información en internet o utilizar el teléfono móvil.
Asimismo, cada acción formativa tendrá una duración de 15 horas. Para la parte de formación en accesibilidad para prevenir la brecha digital, se han planificado las acciones formativas: accesibilidad web; accesibilidad documental; y sensibilización en accesibilidad digital. Las entidades que quieran colaborar acogiendo acciones formativas en sus instalaciones deberán contar con conexión, condiciones de accesibilidad y de seguridad sanitaria necesarias.
Esto implica que deben de tener conexión a internet vía Wifi, conexión a red eléctrica para cargar los dispositivos, espacio suficiente para distribuir mesas y sillas para un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 12 alumnos y mesa y silla para el docente con separación suficiente, proyector/televisión con HDMI y pizarra o similar. Las entidades/personas interesadas en participar pueden solicitarlo a través de los correos electrónicos:
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