• Durante la decimotercera sesión del Aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) que se ha llevado a cabo este viernes de manera telemática
• El acto, bajo el título “Cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW)”, ha contado con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la entidad y vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), Ana Peláez.

(Madrid, 25 de marzo de 2022). – La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha analizado los mecanismos para involucrar a la sociedad civil de manera efectiva en el trabajo de CEDAW y ha lamentado que este tipo de procedimientos no siempre esté a disposición de organizaciones más pequeñas. Por ese motivo, desde CERMI Mujeres han considerado relevante elaborar una guía que sirva de referencia para este tema.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de la entidad y vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), Ana Peláez, durante la decimotercera sesión del Aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres, que ha tenido lugar este viernes con el objetivo de indagar sobre cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.

“En breve, la guía estará disponible en nuestra página web” ha anunciado Peláez. Sin embargo, ha aclarado que la guía no abordará el tema de comunicaciones individuales en virtud de protocolo facultativo de CEDAW.

Durante su intervención, Peláez ha realizado una presentación con información práctica, en la que ha desgranado las distintas formas existentes de reportar a la CEDAW.

Asimismo, Peláez ha explicado detalladamente la forma de trabajo del comité CEDAW, su funcionamiento, composición y los mecanismos a través de los cuales CEDAW permite que la sociedad civil participe.

En primer lugar, y para entender cómo la sociedad civil puede involucrarse en el trabajo de la CEDAW, Peláez ha aludido a la obligación de los Estados parte a presentar un informe inicial sobre cómo hace efectivas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que CEDAW tiene como misión supervisar.

Peláez ha recordado que, además de que el Comité exprese sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de “observaciones finales”, de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención, el Comité tiene el mandato de “recibir comunicaciones de individuos o grupos de individuos que presentan reclamaciones al Comité de violaciones de los derechos protegidos por la Convención.

En este sentido, ha mencionado como fórmulas que la sociedad posee para participar, las intervenciones orales y los informes sombras, dos opciones válidas para implicarse en el trabajo de la CEDAW. “Es una herramienta que permite a la sociedad civil provocar cambios positivos que beneficien a las mujeres de todo el mundo. Se trata de cambios enfocados sobre todo a eliminar la discriminación, la violencia, la pobreza, y, en definitiva, luchar por los derechos de las mujeres y niñas.” ha aseverado.

A lo largo de la sesión, que ha sido moderada por la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, Peláez se ha enfocado en explicar de forma detallada los momentos clave en los que corresponde presentar un informe sombra o solicitar una intervención oral.

“El primer informe se enfoca a narrar, de forma genérica, los diferentes aspectos que conciernen al caso que se expone, mientras que en el segundo informe la sociedad civil puede proponer al Comité diferentes preguntas a realizar al estado, y en este mismo se debe solicitar el derecho a la intervención oral si así se desea”, ha expuesto.

Respecto al tercer momento idóneo para la presentación de un informe sombra, la vicepresidenta ha afirmado que “es justo después de que el estado responda a las preguntas planteadas, y en él se pueden hacer constar las recomendaciones pertinentes al estado en el apartado de observaciones”.

“Existe un cuarto momento”, ha declarado Peláez, que según dice “no se suele aprovechar mucho”; “se trata de la fase de seguimiento, es decir, cuando ya se han publicado las cuestiones, y da inicio el periodo de dos años que se concede a los estados para responder”.

Por otro lado, Ana Peláez también ha dedicado parte de su ponencia a mostrar las diferencias existentes entre el Comité CEDAW y el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad (CRPD). Al respecto, ha remarcado que el Comité de la CRPD cuenta con mucha información relativa a las niñas y mujeres con discapacidad que envían las entidades, mientras que en el de la CEDAW las cuestiones de colectivos desfavorecidos como es el caso de las personas con discapacidad se tratan de forma interseccional.

Por último, se ha abierto un turno de preguntas en el que se ha hecho hincapié en la necesidad de expandir a otros ámbitos la jurisprudencia del CEDAW, ya que con ello se incita a los estados a cumplir con los diferentes apartados de aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Finalmente, Peláez ha puesto énfasis en la importancia de reportar al Comité CEDAW las cuestiones que preocupan a la sociedad civil siguiendo siempre las normas que se establecen: “el límite de 6.000 caracteres, el lenguaje pertinente, y los idiomas oficiales del Comité que en este momento son el inglés, el francés y el español”.

También ha recomendado que los informes se centren en exponer “información específica, con datos oficiales contrastados y publicados”, y ha afirmado que es “mucho mejor proponer modificaciones o supresiones al texto que añadidos”.

• En un documento del CERMI a la Consulta Pública de la Comisión Europea sobre el Sistema Estadístico Europeo: preparación para el futuro.
• Aquí puede acceder al documento de aportaciones completo:

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/documento-de-aportaciones-del-movimiento-cermi-la-consulta-p%C3%BAblica-de-la

(Madrid, 24 de marzo 2022). – El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado que el sistema estadístico europeo asuma en todas sus operaciones y fuentes la variable de discapacidad.

 Así lo ha puesto de manifiesto el movimiento CERMI en un documento de aportaciones a la Consulta Pública de la Comisión Europea sobre el Sistema Estadístico Europeo. Estas aportaciones tienen como objetivo que la Comisión Europea tenga presentes las necesidades de información de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas, así como para que las estadísticas de la UE tengan presente la realidad de la discapacidad.

 El CERMI considera que las nuevas fuentes de datos y la importancia creciente de la analítica avanzada deben aprovecharse para construir mejores políticas públicas “en beneficio de todas las personas, sin exclusiones”. De este modo, según CERMI, se evita la “invisibilidad” de las personas con discapacidad en los datos y los sesgos negativos en el tratamiento de los datos.

Aportaciones del CERMI: preparación para el futuro.

Así, desde el compromiso de trabajar para que se incluya el enfoque de la discapacidad en el sistema estadístico europeo, el CERMI ha planteado:

En la primera propuesta, el CERMI expone un “enfoque de derechos humanos” para el sistema estadístico europeo que tenga presente el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 31, que reconoce que las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos de personas en situación de exclusión.

 En relación con la segunda propuesta enfocada a la visibilidad de la discapacidad en los datos, el CERMI defiende la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en las estadísticas europeas. Para ello, propone trabajar “por la unificación de criterios a la hora de medir la discapacidad en estadísticas y estudios”. Y añade: “sea cual sea la alternativa de medición es preciso alcanzar un consenso claro y compartido a nivel europeo”.

 Para el CERMI, si se obvia esta tarea no se estaría cumpliendo con los preceptos marcados por la convención. “Y lo más importante, no podríamos dar como sociedad las respuestas que necesita el colectivo de personas con discapacidad” han señalado.

 La propuesta tercera, se centra en la actualización permanente de los datos sobre discapacidad. “La periodicidad resulta otro de los grandes problemas entorno a las estadísticas sobre discapacidad. No es posible planificar acciones ni generar políticas eficaces con datos de una cadencia de dos o tres años en el mejor de los casos” han lamentado.

En este sentido, y con el objetivo de minimizar el impacto económico de las encuestas e investigaciones, CERMI apuesta por la recopilación de información estadística mediante registros administrativos “firmes”.

 Con respecto a la cuarta propuesta el CERMI reivindica la garantía de la accesibilidad, situando la transparencia y la accesibilidad como otro de los grandes aspectos sobre los que seguir trabajando. Y han pedido expresamente a la Comisión Europea trabajar para “eliminar cualquier elemento relacionado con la brecha digital social”.

 En referencia a la disponibilidad de los datos, que trata la propuesta número cinco, el CERMI considera que “la Comisión Europea debe garantizar que los datos estén disponibles para las entidades del tercer sector de acción social en las mismas condiciones que para otros actores del sector público y privado”.

Por otra parte, en cuanto a la propuesta sexta, que expone las tareas de las autoridades estadísticas, el CERMI les pide que consideren las necesidades específicas de las personas con discapacidad para conocer mejor su situación.

Por último, la séptima propuesta aborda el tema de los nuevos espacios de datos. CERMI sostiene que es “imperativa” la visibilidad de la discapacidad en los nuevos espacios europeos comunes de datos. “Especialmente en los relacionados con la movilidad, la salud, el sector financiero, las administraciones públicas, las cualificaciones y el Pacto Verde Europeo”.

• Esta decimotercera sesión del Aula de Derechos Humanos organizada por Fundación CERMI Mujeres se celebra bajo el título “Cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW)".
• La sesión tendrá lugar el próximo viernes 25 de marzo, a las 12:00h.
• Enlace de inscripción:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZsB104eFTUOvUs0V3E5xNw

(Madrid, 23 de marzo de 2022). –La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), Ana Peláez, participará en el próximo Aula de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres (FCM).

Esta decimotercera sesión se dedicará a mostrar cómo la sociedad civil se puede involucrar en el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW).

La ponencia de Peláez se centrará en explicar de una forma práctica cómo la sociedad civil puede reportar e informar ante El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) la situación de España de las mujeres con discapacidad.

Tras la intervención de Peláez, se celebrará un panel de personas expertas que ofrecerán medidas y orientación sobre cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del CEDAW.

El Aula, que se desarrollará en formato virtual, contará con interpretación de lengua de signos y subtitulación automática.

• Esto supondrá un gran avance en cuanto a deporte de personas con discapacidad

(Madrid, 23 de marzo de 2022). – El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Comité Paralímpico Español (CPE) acogen con satisfacción y optimismo el inicio del trámite parlamentario de la nueva Ley del Deporte, que se encuentra ya en el Congreso de los Diputados, y reclama a todos los partidos políticos que hagan un esfuerzo de consenso para lograr una buena ley que suponga un gran avance en materia de deporte de personas con discapacidad.

El CPE ha participado activamente en todo el proceso de elaboración de la ley, trabajando de manera coordinada con el equipo del Consejo Superior de Deportes durante los años en los que ha venido gestándose esta nueva norma que vendrá a sustituir a la anterior Ley del Deporte, vigente desde 1990. Además, todas las sugerencias que se iban planteando desde el CPE durante este proceso contaban con el acuerdo y respaldo del CERMI y de las Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad, con quienes se mantuvieron numerosas reuniones de trabajo.

Asimismo, el CPE y el CERMI están buscando el apoyo mayoritario de todos los partidos del arco parlamentario a las líneas generales de la ley, mediante encuentros con prácticamente todos los grupos de la Cámara.

Ambas entidades valoran enormemente que el texto marque de manera clara que la promoción del deporte practicado por personas con discapacidad es “el segundo gran eje de impulso de las políticas en materia deportiva de esta ley” -el primero es el referente a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el ámbito del deporte-.

En el preámbulo del actual Proyecto de Ley se puede leer que “la igualdad en el deporte se consigue integrando hombres y mujeres con discapacidad en la práctica deportiva pudiendo disfrutar de los beneficios aparejados a la misma. La igualdad debe ser concebida de manera global, sin ignorar ningún colectivo o individuo. Se pretende que la integración de todas las personas deportistas en estructuras organizativas comunes sea una herramienta de cohesión, abriendo la vía a la participación en los órganos de gestión y de gobierno”.

Para sentar sus constantes referencias al deporte inclusivo, el texto de la ley fija una definición al respecto: “Por deporte inclusivo debe entenderse toda práctica deportiva que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, jugando un papel relevante aquellas actividades que prevén esa práctica conjunta entre personas con y sin discapacidad, y siempre buscando la igualdad de oportunidades y condiciones entre personas con y sin discapacidad en el ámbito del deporte”. Agrega además que el deporte inclusivo, y los programas que lo desarrollen, estará considerado como “de interés general”.

Una gran aportación del proyecto se refiere a la obligación de que los estatutos de las federaciones deportivas prevean la existencia de una comisión de deporte de personas con discapacidad para promover la práctica de la modalidad deportiva correspondiente entre estas personas, preferentemente con un enfoque inclusivo, además de luchar contra situaciones de discriminación por razón de discapacidad en el ámbito de cada federación.

INTEGRACIÓN FEDERACIONES

El texto también apuesta claramente por “la integración de todas las personas deportistas en estructuras organizativas comunes”, como “una herramienta de cohesión, abriendo la vía a la participación en los órganos de gestión y de gobierno”. Así, se fomenta que las federaciones “puedan instrumentalizar modelos de integración para personas con discapacidad, de manera que a ellas se incorporen todas las personas que practican una misma modalidad deportiva”. Se pretende así aprovechar las estructuras federativas de la federación deportiva de la modalidad respectiva para permitir el crecimiento de la práctica desarrollada por personas con discapacidad.

Esta integración de las modalidades de personas con discapacidad en la federación deportiva española será además “obligatoria” cuando así se haya hecho en la correspondiente federación internacional. Y dicha obligación “se hace extensiva a las federaciones autonómicas, que no podrán integrarse en la correspondiente federación deportiva española si no dan cumplimiento a dicha integración en su respectivo ámbito territorial”.

No obstante, en el caso de las modalidades que actualmente están incluidas en las federaciones deportivas para personas con discapacidad, el proceso de integración antes descrito deberá contar obligatoriamente con el acuerdo ratificado por las asambleas de las federaciones de origen y destino. Además, mientras este proceso no se produzca, las federaciones españolas de deportes para personas con discapacidad tendrán garantizada por ley su existencia y desarrollarán las modalidades y especialidades deportivas que estén contempladas en sus estatutos.

En cuanto al deporte paralímpico, el Proyecto de Ley del Deporte dedica un capítulo específico a los Comités Olímpico y Paralímpico conjuntamente. Reconoce la importancia de su labor “y garantiza la igualdad de ambos en el ejercicio de sus funciones, así como en lo relativo a sus obligaciones y derechos”. Al Comité Paralímpico Español se le define como “una asociación sin fines de lucro, dotada de personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del Movimiento Paralímpico y la difusión de sus ideales”.

En atención a este objeto, “el Comité Paralímpico Español es declarado de utilidad pública” y se establece también la protección de sus elementos representativos: “La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos paralímpicos, las denominaciones ‘Juegos Paralímpicos’, ‘Paralimpiadas’ y ‘Comité Paralímpico’, y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Paralímpico Español”.

El texto que actualmente se encuentra en trámite parlamentario introduce asimismo una importante novedad con respecto a las funciones que el Consejo Superior de Deportes debe tener en esta materia, ya que marca que habrá de “establecer políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas con discapacidad, en colaboración con el resto de administraciones públicas, con las federaciones deportivas españolas y con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, manteniendo una visión transversal de las necesidades de estas personas en todos los ámbitos del deporte”.

 FINANCIACIÓN

 Además, se establecerán “líneas específicas de subvenciones y otras vías de financiación” con el fin de “dotar a las federaciones deportivas españolas de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas” en la ley con referencia al deporte de personas con discapacidad.

 Y en este sentido, la norma que se tramita en el Congreso especifica que los Programas de Desarrollo Deportivo -el instrumento por el que las federaciones deportivas españolas y el Consejo Superior de Deportes acuerdan los objetivos, programas deportivos, forma de financiación y estructuras de sus modalidades- deberá “reflejar necesariamente las modalidades practicadas por personas con discapacidad” y “consignarse un presupuesto específico para dicha modalidad de personas con discapacidad”.

Entre otros aspectos de gran calado que recoge la nueva ley, cabe resaltar, en el ámbito de la accesibilidad, el “mandato a los distintos poderes públicos” para que las instalaciones deportivas “cumplan, como mínimo, los estándares de accesibilidad universal, con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan disfrutar, en régimen de igualdad, de las instalaciones deportivas, además de que se respeten las normas esenciales de seguridad y sostenibilidad”, añadiendo además algo muy importante, que “dichos estándares deberán tener en cuenta las especificidades del material deportivo que utilizan las personas con discapacidad”.

Asimismo, destaca que a lo largo de todo el texto se ha introducido en numerosas ocasiones a la discapacidad como una de las razones sobre las que prevenir violencia, discriminación o incitación al odio, junto a otras razones como el sexo, la raza, la religión, la opinión o la orientación sexual. También el llamamiento a “los poderes públicos y las entidades deportivas” para que promuevan “una mayor visibilidad del deporte de personas con discapacidad en los medios de comunicación, especialmente en los de titularidad pública”.

El Proyecto de Ley del Deporte que se tramita en el Congreso supone también la culminación del trabajo realizado en el Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad en España, elaborado por el CPE, el CERMI y la Fundación ONCE, que sirvió como material de partida para plantear una agenda normativa que en muy buena medida ha quedado recogida en dicho proyecto de ley.