Durante su intervención en la Asamblea anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Alonso ha asegurado que están "encontrando fórmulas" para asegurar la "supervivencia de muchas entidades" y ha señalado que "no se puede dejar colgadas a 180 confederaciones".

Alonso, quien ha reiterado que no comparte la decisión judicial, ha defendido un modelo que construya un mensaje de "vertebración y articulación de la solidaridad de las personas por encima de un territorio" y ha indicado que "la crisis ha puesto de manifiesto la importancia del Tercer Sector que ha sido golpeado muy duro". Además, ha asegurado que el CERMI "es un ejemplo que a muchos países les gustaría seguir".

En este sentido, el presidente del CERMI, Luis Cayo, ha criticado la situación de "peligro" en la que se encuentran las fuentes de financiación del Tercer Sector ya que "los jueces están impidiendo que el Gobierno pueda seguir financiando el sotenimiento y el funcionamiento básico de las entidades estatales", algo que supone una "soga al cuello en el movimiento de la discapacidad que les puede condenar a la extinción".

"Tenemos que convencer al poder judicial que sus sentencias no son meramente teóricas y que su impacto puede ser irreversible sobre un modelo que lleva 30 años y que tanto bienestar ha traido a la sociedad española y a sus grupos más excluidos", ha declarado Cayo.

En uno de cada cuatro hogares hay una discapacidad

Además, el presidente del CERMI ha afirmado que "el Gobierno ha encarado el problema y no se ha puesto de lado", aún así ha pedido a Alonso "salvar la financiación de este año" y "una salida duradera que les dé consolidación y estabilidad para el tiempo"

Durante el acto, Cayo también ha recordado que "en uno de cada cuatro hogares hay una discapacidad" y que todavía "tener una discapacidad es un castigo". Por eso, ha manifestado la necesidad de "desbloquear" temas antes de que finalice la legislatura como la reforma de la ley de la propiedad horizontal "para que ninguna persona mayor o con discapacidad no viva su casa como en una cárcel y si como en un hogar de felicidad y bienestar".

En la misma línea, ha solicitado al Ministerio la renovación de la prestación ortoprotésica, el conjunto de producto que hace "que las personas con discapacidad tengan más autonomía". A su juicio, se trata de un "catálogo anticuado, obsoleto y que no está al orden del día de lo que ofrece la tecnología".

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha anunciado que la campaña para frenar el copago confiscatorio en materia de dependencia, ha reunido un total de 452.911 firmas.

De este modo, CERMI ha logrado recabar más del 90% del medio millón de apoyos necesarios para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) frente al Congreso de los Diputados.

Este dato se ha dado a conocer este lunes en la Asamblea Ordinaria de Representantes del CERMI del ejercicio 2015, donde además se ha informado de que se siguen imprimiendo pliegos de firmas ante las solicitudes de múltiples organizaciones que desean colaborar en esta iniciativa.

El acto de inauguración de la Asamblea ha estado presidido por el Ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, quien ha manifestado que, pese a que no comparte el contenido de la ILP, abre un debate que, a su juicio, es “muy oportuno”.

 

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, aseguró este miércoles que su departamento habilitará las ampliaciones de crédito necesarias para que las comunidades autónomas puedan pagar a las cerca de 300.000 personas en situación de dependencia moderada que a partir del próximo 1 de julio tendrán derecho a cobrar ayudas.

Así lo anunció Alonso en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Esperança Esteve, quien se interesó por si el Gobierno tenía previsto incorporar la atención a las personas con dependencia moderada en el sistema de prestaciones por dependencia.

Alonso explicó que alrededor de 300.000 personas con dependencia moderada están ya valoradas, como prevé la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006. "Las comunidades autónomas, que son las que reconocen la situación de dependencia, integrarán a estas personas y les ofrecerá el recurso correspondiente", aseveró.

En este sentido, recalcó que la incorporación de este sector de la población al sistema de dependencia y al cobro de las ayudas estará "garantizada" porque Sanidad hará "las ampliaciones de crédito que sean necesarias para cubrir tanto las necesidades que ya se venían devengando a lo largo de este año como las nuevas que se produzcan como consecuencia de la incorporación de estas 300.000 personas con dependencia moderada".

Alonso recalcó que estas modificaciones presupuestarias son "una práctica habitual" para adecuar los créditos a la demanda y mencionó que en 2009 hubo un suplemento de 488 millones de euros, en 2010 otro de 358 millones y el año pasado, de 58 millones.

"Este año habrá que hacer una ampliación de presupuesto para incluir a los 300.000 dependientes moderados y garantizo que las comunidades autónomas recibirán, como viene siendo hasta ahora, mes tras mes la liquidación oportuna, con lo cual habremos cumplido con el despliegue de la ley", apostilló.

NO HAY DEUDAS

Alonso apuntó que la tasa de cobertura de la Ley de Dependencia alcanza actualmente al 84% de las personas, si bien llega al 90% en los casos de los grados II (dependencia severa) y III (gran dependencia), y añadió que en esta legislatura se han incorporado 345.000 beneficiarios al sistema de prestaciones.

"Las comunidades han ido trabajando y el Estado ha ido cumpliendo sus compromisos. Hemos ido garantizando las liquidaciones mes a mes, no hay en este momento absolutamente ninguna cantidad pendiente", dijo.

Por su parte, Esteve le había preguntado cómo serán esas ampliaciones presupuestarias, ya que las comunidades autónomas soportan casi el 80% del coste de financiación del sistema de atención a la dependencia. "Nos estamos jugando quizá una de las partes más importantes de la ley. Estas personas moderadas se tienen que colocar en el centro del sistema porque, con la adecuada prevención y autonomía personal, pueden alcanzar una vida autónoma con menos costes para el servicio público", concluyó.

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha comprometido a estudiar varias enmiendas formuladas por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) a la actualización del catálogo de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.

Así lo afirmó este miércoles Fiapas, que ha revisado distintos borradores de esa actualización del catálogo presentando enmiendas de forma directa ante el departamento dirigido por Alfonso Alonso, así como a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo de Estado.

Fiapas señaló en un comunicado que sus propuestas, motivadas y no genéricas, introducen una mayor seguridad jurídica a los usuarios de implantes auditivos y de audífonos.

Esta organización aseguró que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, "al más alto nivel", se ha comprometido a analizar las enmiendas más recientes de Fiapas, que inciden en la implantación bilateral (es decir, dispositivos en ambos oídos) y la inclusión de la renovación de todos los componentes externos de los implantes hasta ahora excluidos de la prestación sanitaria, ya que el implante necesita de todos ellos para funcionar.

Además, Fiapas reclama la ampliación de la edad de cobertura de la prestación por audífonos al menos hasta los 26 años, de acuerdo con las edades de referencia contenidas en otras normas, como por ejemplo el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, y que se incremente la cuantía para la financiación de los audífonos, ya que actualmente apenas alcanza un tercio de su coste.

Fiapas confió en que, "esta vez sí, la sanidad española equipare a las personas sordas y a sus familias con el resto de la población".

 
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