La Fundación CERMI Mujeres ha publicado en forma de libro, en papel y versión digital, el informe “Derechos Humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. España 2017”, un completo diagnóstico jurídico sobre la protección, promoción y garantía del derecho a la igualdad y de la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país.

Con este primer informe anual, correspondiente al ejercicio 2017, la Fundación CERMI Mujeres inicia una tarea de análisis, documentación y propuesta de la realidad de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad, que tendrá en lo sucesivo cada año su correspondiente informe, inaugurando una serie histórica que permitirá señalar evolución y tendencias.

El informe tiene carácter jurídico y social y está guiado por los valores, principios y objetivos que rigen a la Fundación CERMI Mujeres, abriendo un espacio para que las voces de las mujeres y niñas con discapacidad sean escuchadas. Así, el documento pretende dar visibilidad a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en España respecto a la protección, promoción y garantía de sus derechos humanos y libertades fundamentales y, al mismo tiempo, pretende ser una acción de incidencia, marcando el camino para que los poderes del Estado garanticen la igualdad y justicia social.

En concreto, los receptores y a quienes está dirigido este informe son el propio Estado español, los legisladores y legisladoras, el sistema de justicia, el movimiento asociativo de todos los grupos  sociales y no únicamente los de mujeres y niñas y personas con discapacidady, por último, la sociedad en general.

El informe de derechos humanos de la Fundación CERMI Mujeres, basándose en indicadores internacionales, realiza un diagnóstico jurídico sobre la legislación española actual, la jurisprudencia y las políticas y planes estratégicos, a fin de analizar su efectividad para alcanzar una igualdad sustantiva a las mujeres y niñas con discapacidad en el derecho a la igualdad y en la salud y derechos sexuales y reproductivos.

Si bien los resultados del informe -elaborado por la Doctora en Derecho y experta en cuestiones de género y discapacidad, María Laura Serra- están lejos de ser halagüeños, se observa un camino trazado por el que se puede transitar en pos de alcanzar una verdadera justicia social.

 

Un total de siete ciudades españolas han presentado candidatura para competir por el premio de capital europea de la accesibilidad correspondiente al año 2017, que se fallará el próximo día 3 de diciembre en Bruselas, coincidiendo con el día internacional de las personas con discapacidad.


Lugo, Santander, Linares (Jaén), Cáceres, Gijón, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Terrassa (Barcelona) son las ciudades que aspiran a superar la fase nacional española para pasar a la final europea, en la que competirán con el resto de urbes seleccionadas en sus respectivos países.

Un jurado de personas expertas designado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que coordina la fase española de este concurso, seleccionará de entre estas siete candidatas a las tres ciudades que pasen a la final europea y disputen el galardón continental.

El premio capital europea de la accesibilidad, instituido por la Comisión Europea, tiene por objeto reconocer a las ciudades europeas con población superior a los 50.000 habitantes que más se hayan destacado por promover la accesibilidad universal en todos sus entornos y servicios.

 

Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a escala mundial y europea, y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social extremeño de la discapacidad articulado en torno al CERMI Extremadura hace público el siguiente

MANIFIESTO

La Constitución española dispone que es voluntad de la Nación establecer una sociedad democrática avanzada y que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Tras casi cuatro décadas de vigencia del texto constitucional, y a fin de convertir en plenos y efectivos esos designios y mandatos en lo referido a las mujeres y hombres con discapacidad, y a sus familias, que siguen en una situación generalizada de exclusión social, permanente y estructural, sometidos a discriminaciones y negaciones múltiples y reiteradas de sus derechos humanos, y con dificultades enormes para acceder con normalidad a los bienes sociales que aseguran unas condiciones de vida en comunidad digna y participativa, en igualdad con el resto de las españolas y españoles, ha llegado el momento político de llevar a la Constitución, mediante su reforma, nuevas y más vigorosas proclamaciones de derechos, dotando de garantías de cumplimento reales, prontas y eficaces a los mismos.

La profundización democrática y el progreso de la vida española exigen sin más aplazamientos que los derechos fundamentales y las libertades públicas y los bienes sociales en que se encarnan alcancen a toda la ciudadanía sin restricciones ni exclusiones por motivos de pertenencia a grupos sociales que como el de las personas con discapacidad –y por extensión, sus familias- portan una nota de diversidad humana intrínsecamente valiosa, que sin embargo a lo largo de la Historia, incluso la más reciente, ha sido castigada por apartarse del canon de normalidad impuesto.

Una sociedad democrática avanzada, propósito que establece la vigente Constitución española, pasa hoy como nunca antes por que los derechos sociales, económicos y culturales adquieran el máximo nivel de proclamación, reconocimiento y protección constitucionales, abandonando esquemas superados en los que estos derechos tenían y tienen una consideración meramente secundaria, un carácter subalterno que impide a buena parte de la población -entre ella, las personas con discapacidad y sus familias- lograr un desarrollo humano completo y liberar el enorme potencial que encierran para hacer más rica y fecunda la vida social.

Ante ello, recogiendo el sentir generalizado de los hombres y mujeres con discapacidad, y de sus familias, el movimiento social de la discapacidad reclama a las fuerzas políticas que concurren a las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015, que adquieran el compromiso de promover con urgencia la reforma de la Constitución española de 1978 a fin de dotar de rango de derecho fundamental -máximo grado de protección y garantía- a los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía española, comprendidos los de las personas con discapacidad (y sus familias), que aseguren su inclusión en la comunidad y la vida independiente, mediante la no discriminación y la acción positiva.

En línea con el planteamiento anterior, la próxima modificación constitucional ha de comprender la reforma del actual artículo 49, tanto de su contenido, como de su ubicación, dedicado en el vigente texto constitucional a las personas con discapacidad, para configurar la igualdad, la inclusión social, la protección contra cualquier forma de discriminación y la provisión de los apoyos necesarios como derechos fundamentales, actualizando asimismo el enfoque y la terminología al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006.

La renovada Constitución española, en las referencias expresas a las personas con discapacidad, debería contener también una manifestación de los derechos a la plena igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad, como parte de este grupo social más expuesta a la exclusión y la discriminación.

 

De igual modo, la reforma del máximo texto normativo que plantea el movimiento extremeño de la discapacidad incluiría el reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas y del derecho a usarlas, así como la garantía de los medios de apoyo a la comunicación oral, preservando siempre la libertad de elección, de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

 

3 de diciembre de 2015.

 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda que las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sean declaras por ley inembargables, lo que impedirá que respondan por deudas de la persona beneficiaria, apartándose en estos supuestos del fin social para el que fueron establecidas.

Así lo dispone una enmienda del Grupo Parlamentario Popular del Senado, presentada al Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que se debate estos días en la Cámara Alta, y que se espera sea aprobado esta misma semana, para su vuelta al Congreso para adopción definitiva.

La modificación legal promovida a través de esta enmienda supone añadir un nuevo apartado al artículo 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con esta redacción: «Las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta Ley son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

A partir de la entrada en vigor de este cambio legislativo, las prestaciones económicas de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no podrán ser embargadas salvo en el caso del pago de alimentos en los que será el tribunal el que fijará la cantidad que puede ser objeto de embargo. Esta excepción trata de preservar el interés superior del menor, al que la persona en situación de dependencia pudiera deber alimentos.

Esta medida obedece a una propuesta del CERMI planteada hace unos meses al Gobierno a través de ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que han impulsado directamente el ministro Alonso y la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.

 
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