Manifiesto del CERMI con motivo del Día 3 de Mayo de 2019
Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

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La Convención de la ONU, la mejor aliada de las personas con discapacidad

El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, acogiendo una propuesta del CERMI Estatal, declaraba oficialmente la jornada del 3 de mayo de cada año, como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Esta Convención es el tratado internacional que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo.

La fecha del 3 de mayo ha sido elegida por ser el día en que la Convención, en el año 2008, entró en vigor, tras lograr el número exigido mínimo de ratificaciones de Estados parte, entre ellos, España.

Con esta declaración del Día 3 de mayo, se trata de contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.

Este año 2019 es, pues, el primero en que se celebra este día oficial, ocasión que el movimiento social organizado de la discapacidad desea aprovechar para resaltar la relevancia de la Convención como la mejor y más firme aliada de las personas con discapacidad, mujeres y hombres, niñas y niños, y como el dispositivo jurídico, político y social más apropiado para hacer efectivos sus derechos, inclusión y bienestar.

El potencial transformador de la Convención, marco referencial y prescriptor ineludible de todas las políticas públicas y legislaciones que se lleven a cabo en España en el dominio de las personas con discapacidad, se intensifica si este tratado internacional se pone en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Interpretar, desplegar y aplicar la Convención en clave de ODS y estos en clave de Convención de 2006, redoblarán los efectos de cambio social que necesitan las personas con discapacidad para lograr entornos, relaciones y comunidades plenamente inclusivas, sostenibles humana y socialmente, respetuosas y valedoras de la diversidad como bien de primera magnitud, digno de promoción y protección.

La Convención de 2006 y los ODS, mutuamente combinados, marcan, por tanto, la agenda política de la discapacidad de los próximos años, que pasa sin duda de modo prioritario por atender y materializar las recomendaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha formulado a España, tras la segunda revisión del grado de cumplimiento de este tratado realizada los días 18 y 19 de marzo de 2019, y hechas públicas el pasado 9 de abril (https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/observaciones-finales-sobre-los-informes-periódicos-segundo-y-tercero).

La recomendaciones de este Comité referidas a mujeres y niñas con discapacidad, grupo mayoritario dentro de las personas con discapacidad y más expuesto a la violación estructural y sistemática de sus derechos, son particularmente exigibles y apremiantes, por lo que deben constituir objetivo preferente tanto de las políticas públicas de igualdad como de las de discapacidad.

El programa político y social para que la Convención de 2006 y los ODS sean una realidad práctica en un periodo razonable es ingente y el movimiento cívico de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias estará vigilante para que los poderes públicos, los agentes sociales, los operadores económicos, los medios de comunicación y toda la sociedad alineen su actuación con estos postulados.

 

3 de mayo de 2019.

CERMI

www.cermi.es

Fundación CERMI Mujeres

www.fundacioncermimujeres.es

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

www.convenciondiscaapcidad.es

#DíaConvenciónDiscapacidad

 

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03.04.2019

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado el trato desigual que Iberia brinda a las personas con movilidad reducida a la hora de facturar, ya que les resulta imposible acceder a la tarjeta de embarque del vuelo contratado a través de la página web de la compañía, como sí pueden hacer el resto de pasajeros, teniendo que acudir en persona a los mostradores de facturación de Iberia.

La plataforma representativa de la discapacidad en España ha trasladado por carta esta situación a la propia aerolínea pidiéndole que se subsane, y ha presentado también una queja ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En concreto, el CERMI explica que para la obtención de la tarjeta de embarque en vuelos de IBERIA, el pasajero con discapacidad debe especificar si necesita el servicio de atención a Personas con Movilidad Reducida. Una vez accionada esta opción, se deshabilita la posibilidad de obtener la tarjeta de embarque, lo que supone que el pasajero debe necesariamente acudir al mostrador de facturación de IBERIA para su obtención el mismo día en que viaja.

Esto acarrea tener que llegar al aeropuerto con mayor antelación y soportar largas colas de otros pasajeros que están facturando, sin que este sea su objetivo. Esta mala práctica añade obligaciones adicionales a las personas con movilidad reducida, cuando deberían ser aliviados de las mismas.

En la misiva remitida a Iberia, el CERMI recuerda que esta queja ya se hizo llegar a IBERIA anteriormente mediante una carta enviada por COCEMFE, entidad que pertenece a CERMI, y que representa a las personas con discapacidad física y orgánica en España, principales afectadas por la situación expuesta.

 

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y ha obligado al Gobierno del Estado a aprobar cuanto antes la norma reglamentaria que fije las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

De esta forma, el Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CERMI Estatal, en el que denunciaba el incumplimiento por parte del Estado de aprobar este reglamento, un mandato recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su Disposición final tercera.

Dicho real decreto establecía un plazo de dos años para aprobar un reglamento que recogiera las condiciones de accesibilidad universal de los bienes y servicios a disposición del público, un margen temporal que concluyó en diciembre del año 2015 y que ha sido ya ampliamente superado.

La sentencia subraya que el CERMI denunció públicamente la “inacción” del Gobierno, instándolo en varias ocasiones a aprobar el reglamento, una demanda que no fue atendida.

Asimismo, el fallo judicial recuerda que el real decreto de 2013 refuerza exigencias legales que ya existían con anterioridad, al tiempo que resalta que el artículo 49 de la Constitución Española recoge la obligación legal a los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas con discapacidad.

El pronunciamiento del Supremo destaca también que es clara la intención del Legislador en 2013 al aprobar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto que por ejemplo, una de sus frases es que “existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos”.

El CERMI saluda esta sentencia del TS y exige que se apruebe cuanto antes el reglamento que exige la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, algo que debería ser una prioridad no solo por este pronunciamiento judicial, sino porque la accesibilidad universal es un aspecto esencial para que las personas con discapacidad puedan acceder al ejercicio de derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

 
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