La integrante del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, Ana Peláez Narváez, dijo ayer que «desgraciadamente, se ha puesto de moda ofertar servicios sexuales a través de trata de mujeres con problemas de salud mental, amputadas o con determinados tipos de discapacidades». La también Comisionada para los Asuntos de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) añadió que «en tiempos de pandemia y confinamiento, esta organización fue alertada de que, ante situaciones de pérdida de trabajo, se explotaba sexualmente a mujeres con discapacidad en el vecindario o en el entorno de la unidad familiar».

Así lo manifestó durante su intervención en el X Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, organizado por el Ayuntamiento de Segovia. Ana Peláez añadió que esto sucedía principalmente con «mujeres con discapacidades especialmente intelectuales» y pidió que la Ley de Violencia Sexual considere este tipo de especificidades «porque hay que abrirse a otras realidades», mientras ha informado de que hay una de cada cinco mujeres y niñas con discapacidad en el mundo —2,5 millones en España— y «sus derechos se vulneran constantemente».

Peláez, que representa al Foro Europeo de la Discapacidad, reclamó a las autoridades españolas que «pidan perdón e indemnicen» a las mujeres y niñas con discapacidad que han sido esterilizadas, en torno a 600.000, según dijo, antes de que se produjera un avance legislativo en este aspecto.

Reparación de víctimas

En su intervención, esta activista ciega de nacimiento insistió en reclamar a las autoridades españolas «que haya una reparación de las víctimas, porque muchas mujeres con discapacidad, cuando han dado a luz, lo han hecho a través de cesárea y se les ha dejado preparadas para la esterilización».

«España tiene que pedir perdón a las víctimas de esterilizaciones forzadas. La respuesta pasa por asegurar que en la práctica esto ya no se pueda cometer, que se persiga, se condene y se denuncie, porque se sigue haciendo», expuso. Peláez manifestó que quien ha sido sometida a esa práctica nociva está expuesta a ser potencialmente violada y abusada por las personas que la rodean y se les debe dar asistencia de salud mental e indemnizarlas, como se ha hecho en Suecia.

Entre otros problemas destacados que padecen las niñas con discapacidad, a juicio de Peláez, está que «son sometidas a tratamientos para controlar la menstruación. Además, no existe apoyo a la higiene menstrual en los centros de secundaria: cuando tienen dificultades para mantener una higiene menstrual son invitadas a dejar el centro».